Los niños y las niñas en situación de movilidad tienen vulnerabilidades particulares, que les hacen estar más expuestos a la violencia, la explotación y la trata de seres humanos, así como a los abusos físicos, psicológicos y sexuales, que incluye prácticas como la mutilación genital femenina, los matrimonios infantiles o forzados y la violencia relacionada con el honor.

Se trata por lo general de niños y niñas no acompañados procedentes de terceros países y también de dentro de la Unión Europea; de niños y niñas en familias migrantes indocumentadas o en situación irregular; de niños y niñas solicitantes de asilo o de aquellos que ya han obtenido refugio.

Jurídicamente están amparados por las medidas de protección especiales en forma de cuidados y prestaciones, establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 (CDN), que es el tratado que establece los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, salud y cultura de la infancia.

En este sentido, existe un marco legislativo y reglamentario que de manera especifica establece los procesos de seguimiento y protección para este grupo de niños y niñas, así como los protocolos y directrices institucionales que determinan el papel y las responsabilidades de los principales actores implicados en el cuidado de esta infancia en movimiento.

La intervención con estos niños y niñas que han abandonado sus hogares debido a los conflictos, a la pobreza, al cambio climático o simplemente con esperanza de encontrar una vida mejor y más segura, exige retos y profesionales capacitados para que las dificultades y peligros que han tenido que afrontar en el camino, en su lugar de destino o a su regreso no impidan el desarrollo de todo su potencial.