El Compromiso HORIZONTE 20.30 se define como una estrategia orientada a la erradicación de la violencia -especialmente aquella que atenta contra los niños, niñas y adolescentes y las personas en situación de vulnerabilidad- y como una contribución activa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible[1] y –entre otras- a la iniciativa conjunta de la Unión Europea y Naciones Unidas Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas[2] en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, ambas de Naciones Unidas.
El presente Compromiso se centra erradicar la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, tanto a nivel personal como interpersonal e institucional; sin embargo, al incluir la dimensión de buen trato y cuidado mutuo, resulta transversal a todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que asume –en diversa medida- todos ellos.
La construcción de un mundo basado en la responsabilidad compartida y el cuidado mutuo sólo puede ser posible con la clara voluntad de erradicar el uso de la violencia como una alternativa viable en las relaciones entre las personas y los colectivos, incluyendo las instituciones y las administraciones. Y esto exige la participación activa de todos los que formamos parte del ecosistema humano, al margen de nuestra edad, situación o circunstancias. Por este motivo, el Compromiso HORIZONTE 20.30 puede ser suscrito por profesionales, estudiantes o particulares interesados en esta problemática y también por cualquier tipo de colectivo (entidades del Tercer Sector de Acción Social, empresas, Administraciones, universidades, entidades del ámbito deportivo, congregaciones, asociaciones…) y por supuesto, por niños, niñas y adolescentes.
La violencia es un fenómeno poliédrico, ubicuo, complejo, multidimensional y en el que confluyen diversas variables y factores en interacción continua con otros procesos que forman parte de nuestra realidad. La violencia contra niños, niñas y adolescentes y las personas en situación de vulnerabilidad es un fenómeno mucho más frecuente y próximo de lo que nos gustaría reconocer. Esta complejidad hace que todos seamos necesarios y ninguno prescindible; poner en marcha acciones de protección, buen trato, empoderamiento y cuidado mutuo en nuestros entornos más inmediatos, en nuestros espacios de influencia cotidianos, nos posiciona como miembros de una ciudadanía comprometida con nuestro futuro más próximo, pero también con el de quienes nos siguen.
El Artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño[3] concreta la responsabilidad del Estado, quien deberá adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Como ciudadanos, esta obligación de las administraciones no nos puede ser ajena. No podemos limitarnos a delegar en otros -ya sean personas o estructuras- algo con lo que convivimos y que –lo queramos o no- también es responsabilidad nuestra. La violencia puede ser ejercida desde las instituciones; pero también por las personas y, al fin y al cabo, tanto las instituciones como las administraciones –del tipo que sean- también están formadas por personas. Somos nosotros quienes tomamos decisiones y las llevamos a cabo. Somos nosotros quienes debemos materializar nuestro Compromiso.
